Uno de los puntos más controvertidos de la inminente Ley Orgánica de Educación propuesta por el Gobierno de coalición, la "Ley Celaá", que figura en la disposición adicional cuarta del borrador de la Ley, es el cierre paulatino de los centros de educación especial para jóvenes con discapacidades (decir "jóvenes discapacitados" está mal visto, por lo que se ve). Dicho cierre será llevado a término a través de un ejercicio de desfinanzación, o dicho en román paladino, de vaciamiento de recursos financieros y económicos, de estos mismos centros.
Las voces en contra de esta medida (bien personales, o bien colectivas) no se han hecho esperar. Llama particularmente la atención que los colectivos que más activamente se oponen a la medida son, precisamente, los colectivos de padres y madres de los hijos con discapacidades. Esto es, a mi juicio, indicativo de la falta de coherencia de dicha Ley; una falta de coherencia que puede verse claramente representada en el argumento en defensa de la abolición de los centros educativos: el informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2017), de acuerdo con el cual en España no se emprenden reformas legislativas que faciliten el acceso de los niños y jóvenes discapacitados a las escuelas ordinarias. Un informe que, por cierto, que ha sido criticado por más de 150 asociaciones, y que, como todos los informes que llegan desde Europa, determina la aplicación indiscriminada (es decir, acrítica) de ciertos modelos universales (de educación, de sanidad, de fiscalización, de inversión en armamento, etc.) sobre realidades nacionales particulares en las cuales quizás no sean los más adecuados.
El punto que quisiera someter a crítica es el siguiente. De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, y de acuerdo, en consecuencia, con los promotores (educativos, pedagógicos y políticos) de la Ley Celaá, destinar un tipo muy concreto de instituciones educativas a la formación de niños y jóvenes con discapacidad es segregación. La segregación, hoy día, es una de las causas contra la que luchan el progresismo, el globalismo y la paranoia posmoderna, muchas veces desde una posición ideológica que no atiende, como es el caso, al contexto morfológico del que se parte: en es decir, a las instituciones educativas mismas, y a las relaciones y operaciones que en ellas acontecen.
"Segregación", en la forma en la que es empleado en los discursos políticos en favor de la Ley Celaá, es un concepto oscuro y confuso (un concepto oscuro y confuso, en la tradición escolástica que pasa por Descartes y llega hasta nuestros días, es un concepto cuyas partes internas no se distinguen entre sí, y que en cuanto totalidad distributiva tampoco se distingue nítidamente de otras), un concepto que, en su oscuridad y confusión, deforma la realidad. Mejor aún, que no permite ver la realidad efectiva de la educación y de la educación especial. En este sentido, hablar de segregación es un mantra ideológico, como lo es el empleo del término "cultural" para adjetivar ciertos productos humanos que se quieren definir, a priori, como estadios superiores de la humanidad, o "democrático" como elemento de discriminación política entre "los que están conmigo" y "los que están contra mí".
El modo como podemos dotar a este concepto de contexto morfológico es planteando los parámetros desde los cuales lo enunciamos: ¿Segregación con respecto a qué?
Según este parámetro, podemos pensar que la abolición paulatina de los centros de educación especial supone una segregación de los niños y jóvenes con discapacidades con respecto a estos mismos centros; o, teniendo en cuenta el abismo de recursos que existe entre estos centros y los centros ordinarios de educación, la supresión de los primeros es una forma de segregar a los niños y jóvenes con discapacidades de la institución educativa (habrá que ver, en este punto, cómo se va a dotar de recursos económicos, materiales, docentes y formativos a los centros ordinarios, y cómo se va a atajar el caos que el trasvase de alumnos de unos centros a otros provocará, y que muchos colectivos de padres y docentes está denunciado).
Pero, muy al contrario, los parámetros de acuerdo con los cuales se dice que la supresión de los centros de educación especial es una medida de inclusión son los parámetros de los centros educativos ordinarios. Destinar a los niños y jóvenes con discapacidades a centros educativos especiales, se dice, es segregarlos del circuito ordinario de educación. Se da por supuesto, claro está, que los centros de educación especial no forman parte de dicho circuito ordinario de educación.
Aquí es donde encuentro la "trampa de la segregación": se produce segregación, dicen, cuando a los niños y jóvenes con discapacidad se les saca de los centros ordinarios y se les introduce en centros especiales. Pero lo que con ello se está diciendo es que estos centros especiales no forman parte del circuito educativo o de la institución educativa española. Entonces, ¿qué son?, ¿para qué sirven?, ¿por qué se regulan de acuerdo a la misma Ley Orgánica entonces?
Desde la perspectiva morfológica que planteo para el análisis de la segregación, que desarrollo contra la perspectiva lisológica, la creación y el mantenimiento de centros de educación especial constituye una diversificación adecuada y coherente a la realidad de las familias y de la sociedad españolas de la institución educativa nacional, y no un acto perverso de segregación. Se produce segregación, muy al contrario, cuando se pretende poner a un mismo nivel formativo a niños y jóvenes con ritmos y necesidades educativas ya no diferentes, sino que han de abordarse a distinta escala (una escala que desborda la de la adaptación curricular, hasta alcanzar la de la atención médica y psicológica, de cuidado y seguimiento, etc.). Y también cuando a los jóvenes con peores notas se les confina en una clase maldita para muchos profesores que prefieren impartir la enseñanza en los grupos "más avanzados", que suelen ser los de ciencias. O también, y para terminar, hay segregación cuando los centros educativos de los barrios obreros reciben la mala prensa de conformar un "batiburrillo de etnias" y un "centro de delincuencia juvenil" al que los niños de "familias-bien" jamás irán. De acuerdo con esto último, los centros privados de enseñanza también son segregación.
En definitiva, a la hora de hablar de segregación, es importante determinar con respecto a qué contexto morfológico (material, institucional) pensamos que se produce. Porque de lo contrario, y como he tratado de demostrar, las medidas anti-segregación se convierten en medidas pro-segregación.
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